Si ganara el PAN, la elección será justamente impugnada

Leo Suckermann escribe hoy en su columna en Excelsior lo que habíamos mencionado aquí hace tiempo: las irregularidades en el proceso electoral dan argumentos suficientes para que, en caso de una victoria del PAN, sean impugnadas. Lo más impresionante es que estos comentarios vengan de un analista como Suckermann, al que por su discurso en los últimos meses se ha podido identificar con la causa de Felipe Calderón. Nadie puede negar la participación abierta del Ejecutivo federal para favorecer a Calderón, ni siquiera los propios panistas.

Anular la elección presidencial

La semana pasada comenzó a orquestarse una acción conjunta del PRI y el PRD para neutralizar el activismo electoral del presidente. Más allá de este propósito, todo parece indicar que estos dos partidos ya trabajan para anular los comicios presidenciales si el candidato panista gana el 2 de julio. Priistas y perredistas demandarían al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidar los comicios bajo el argumento de que el presidente Fox inclinó de manera injusta la balanza en favor de Felipe Calderón. El asunto no puede menospreciarse, pues en México efectivamente ha sucedido eso por este tipo de situaciones.

En diciembre del 2000, el TEPJF anuló la elección de gobernador en Tabasco por considerar que ciertas irregularidades fueron determinantes en un resultado donde el candidato priista ganó por una diferencia de 1.1%. Una de las anomalías encontradas fue la utilización de recursos públicos por el gobierno presidido por Roberto Madrazo para la inducción del voto a favor del Partido Revolucionario Institucional. Panistas y perredistas quedaron satisfechos con la resolución. Los priistas, furiosos, amenazaron con promover un juicio político a los magistrados del Tribunal.

En octubre del 2001, a solicitud del PRI, el TEPJF invalidó las elecciones del municipio de Ciudad Juárez, que había ganado el PAN. El argument “la clara intención del munícipe panista (Gustavo Elizondo) de maniobrar en favor de su partido”. Ahora los priistas quedaron contentos, mientras que los panistas consideraron que se había dado un golpe a la democracia.

Exactamente dos años después, el TEPJF anuló los comicios de gobernador en Colima. Aquí concluyó que el gobernador Fernando Moreno Peña (hoy operador de la campaña de Madrazo) violó la ley al intervenir en los comicios en favor del candidato del PRI.

A pesar de la amplia ventaja que obtuvo este partido político (a diferencia de lo sucedido en Tabasco), el Tribunal consideró que se había infringido un artículo de la Constitución local que explícitamente prohibía al gobernador involucrarse de manera directa o indirecta en la elección, con el explícito castigo de la invalidación del proceso comicial.

Para el TEPJF, la intervención de Moreno Peña fue determinante en el triunfo del candidato priista: el gobernador había realizado “indebidamente una campaña de comunicación social en los medios, sobre las acciones de gobierno en general, dentro de los 25 días anteriores a la jornada electoral y durante la misma”. Además, el día de los comicios se habían establecido retenes que impidieron el sufragio libre y la Policía Judicial había llevado a cabo detenciones sin justificación alguna. El gobernador llegó al extremo de amenazar con utilizar la Procuraduría contra quienes no votaran por el PRI.

Moreno Peña justificó así su activismo electoral: “No se puede pedir que un gobernador renuncie a sus derechos políticos y a su investidura partidista”. En Colima, el PAN y el PRD quedaron complacidos con el veredicto del Tribunal. Los priistas, por su parte, consideraron que los magistrados se habían excedido.

Por supuesto, los abusos cometidos en Colima no tienen comparación alguna con el intervencionismo actual del presidente. Sin embargo, no puede negarse que ahí están los precedentes judiciales donde, ya sea por un margen estrecho entre el ganador y los perdedores o por uno amplio, el TEPJF ha anulado comicios cuando se comprueba el activismo desmedido de un gobernante en favor del candidato de su partido.

Es claro que los priistas y los perredistas han unido esfuerzos para tratar de neutralizar la participación electoral de Fox. Incluso ya preparan una estrategia conjunta con el fin de impugnar los resultados y buscar la invalidación si gana Calderón. Ambas fuerzas alegan que están enfrentando una inequitativa “elección de Estado”. Insisten en que Fox ha desequilibrado la contienda a favor del candidato panista mediante el uso de recursos estatales, de llamados mediáticos a la continuidad en los spots gubernamentales y de los discursos presidenciales donde abiertamente se ataca a los candidatos de la oposición, sobre todo a AMLO.

De hecho, ahora aparece la noticia, extrañamente filtrada por el PRD, de que Fox negoció directamente con Jorge Emilio González Martínez el apoyo del Partido Verde a la candidatura de Calderón. Este tipo de negociaciones francamente no deberían sorprendernos, porque así es la política, sobre todo cuando se trata de un partido oportunista como el Verde, acostumbrado a aliarse con el mejor postor. Sin embargo, en caso de confirmarse esta información, no parece muy prudente que digamos que haya sido el mandatario el encargado de una operación de esta índole.

En los próximos días seguramente comenzaremos a ver una lluvia de demandas en la PGR, tanto del PRI como del PRD, en contra del activismo electoral de Fox. Es un primer paso para ir construyendo un posible caso de nulidad abstracta de la elección presidencial bajo el argumento de que el Ejecutivo influyó de manera determinante para que el candidato de su partido ganara. Clar todavía falta que Calderón triunfe pero, con este tipo de acciones, priistas y perredistas demuestran que ellos mismos ya consideran esta posibilidad.